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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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04 Abril 2020 04:03:00
Por Covid-19, preparan área de ‘Inteligencia en Salud’
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Aunque en el discurso el presidente López Obrador diga que solo estamos ante una “crisis transitoria” y que los efectos de la pandemia del coronavirus le cae “como anillo al dedo” a su proyecto de transformación, la realidad es que la dimensión de los efectos negativos que tendrá la enfermedad del Covid-19 en México son aún incalculables para las propias autoridades federales, tanto en la salud de los mexicanos como en la economía nacional por la recesión en que caeremos este año, pronosticada por todas las agencias y analistas nacionales e internacionales y reconocida ya oficialmente por la misma Secretaría de Hacienda y los analistas del
Banco de México.

En el tema sanitario lo único que puede salvar al país de una catástrofe, es el cumplimiento que la sociedad haga del aislamiento social que podría reducir el número de contagios, pero tampoco va a evitar que en las próximas semanas se disparen los casos confirmados de Covid-19 y que la capacidad hospitalaria se vea comprometida, incluso con casos como los que ya comenzaron a ocurrir en hospitales regionales del IMSS, como el de Monclova, donde la falta de equipamiento, insumos y medidas de seguridad y protección para el personal médico (denunciadas en varios estados) convertirán a algunas instalaciones médicas en focos de propagación del virus.

Las muertes serán inevitables y con todo y el Ejército y su Plan DN-III (por cierto un plan específicamente diseñado para “desastres”), la demanda de hospitalización para pacientes críticos podría rebasar la capacidad de respuesta a nivel federal y en los estados.

En esos escenarios, que nadie quiere pero que están contemplados en las proyecciones federales, el Gobierno ha comenzado a tomar algunas decisiones que buscan garantizar la disponibilidad de recursos, sobre todo a partir de dos premisas: el Presidente no quiere aumentar el déficit público ni contraer más deuda (como sí lo están haciendo la mayoría de los gobiernos para enfrentar los efectos de la pandemia) y tampoco se quieren cancelar o sacrificar “por ningún motivo” los “proyectos emblemáticos” de la 4T (Aeropuerto de Santa Lucía, Refinería de Dos Bocas, Tren Maya, rescate de Pemex) y, sobre todo, los programas sociales y de apoyo directo a la población más vulnerable.

Por eso la polémica decisión de decretar la extinción de fideicomisos públicos, una figura que siempre ha sido vista con recelo y desconfianza por López Obrador y que, efectivamente fue utilizada en gobiernos anteriores como un instrumento para el desvío y ocultamiento de recursos públicos, aunque en los últimos años se han aprobado reformas legales y mecanismos que transparentan y vigilan el desempeño de esos fondos públicos utilizados en su mayoría para pagos de pensiones, ahorros como los del Fondo de Estabilización (que por cierto ya utilizó este Gobierno para inyectarle recursos a Pemex), prestaciones laborales, desastres naturales y, precisamente Gastos Catastróficos en la Salud.

¿Podría el Gobierno federal en estos momentos disponer de recursos de esos fideicomisos sin estructura orgánica? Sí, en teoría puede, pero el entramado legal y financiero como están diseñados esos fondos, hará muy complicada la disponibilidad de esos recursos, que significan cerca de 878 mil millones de pesos, según el reporte de Finanzas Públicas al cierre de 2019, sin que se afecte a trabajadores, jubilados y a algunos programas públicos importantes o sin que se enfrenten incluso recursos legales de impugnación.

Pero esa es solo una medida, que tiene que ver con los escasos recursos financieros para atender la pandemia; hay otra decisión que están tomando en el Palacio Nacional y que tiene que ver con la forma de atender y enfocar el tamaño de esta emergencia
sanitaria.

El Gobierno de López Obrador tiene lista una reforma a la estructura de la Secretaría de Salud en la que se va a desaparecer la Dirección de Epidemiología, hoy a cargo del doctor José Luis Alomía, para crear en su lugar un “Centro Nacional de Inteligencia en Salud”, algo como el equivalente al antiguo Cisen pero para emergencias y crisis sanitarias como la del Covid-19. Hasta ahí el tema suena lógico y habla del tamaño real con el que las autoridades están viendo los efectos de esta pandemia, que dista mucho de la “crisis transitoria” o el “anillo” a la medida que comenta el Presidente.

La propuesta de reforma, que surge del equipo del doctor Hugo López-Gatell, va en la línea de la gravedad que tiene este tema en el mundo y la forma en que la mayoría de los países está enfocando el problema, y estaría acorde con la intención de crear un área de “inteligencia” especializada en el tema de salud pública.
Lo que no parece encajar con esa intención es el perfil de la persona que están pensando nombrar como titular del Centro Nacional de Inteligencia en Salud. Entre científicos allegados al Gobierno de la 4T mencionan el nombre de Dwight Dyer, un consultor independiente en temas de energía y seguridad en México, con doctorado en Ciencia Política y maestría en Estudios Asiáticos por la Universidad de California de Berkeley.

Los mismos científicos que conocen el proyecto de reforma de primera mano, cuestionan por qué se nombraría en esa nueva área de inteligencia en salud a un especialista en temas energéticos, políticos y de seguridad, más que a un científico.

El currículum de Dyer confirma experiencia en el sector público y en el privado. Fue subsecretario de Hidrocarburos en la Sener de 2017 a 2018, en el sexenio de Peña Nieto, y antes, en el Gobierno calderonista, de 2009 a 2012 trabajó como director General de Análisis de Inteligencia en el Cisen. El resto de su experiencia en el sector privado fue como analista de riesgos y consultor independiente.

De concretarse la reforma a la estructura de Salud y el nombramiento mencionado en la nueva área de inteligencia sanitaria, el mensaje sería que por el tamaño y el nivel de daño que dejará la pandemia en México –como en el resto del mundo– en el Gobierno lopezobradorista, más allá del discurso falaz y demagógico que maneja el Presidente, están viendo la realidad que también ven los gobiernos del resto de los países: que el Covid-19 es una amenaza histórica no solo para la salud, sino para la seguridad nacional y la estabilidad social y política del país y del mundo.

Notas Indiscretas…
En medio de la contingencia sanitaria en el país y por razones que no están muy claras, el Gobierno federal volvió a otorgarle el 90% de los contratos de la licitación del IMSS para el servicio de laboratorios de análisis clínicos, a empresas que integran el llamado “cártel de la Sangre”, como Hemoser, Centrum Promotoria Internacional e Impromed, a pesar de que varias de ellas habían sido “rescindidas” en sus contratos en Puebla y en varios estados de la República por las delegaciones estatales del IMSS, por diversas irregularidades en el cumplimiento de sus contratos.

Según el “Acta de Fallo” de la licitación LA-050GYR988-E7-2019 de la Dirección de Administración del IMSS, fechada el 1 de abril de 2020, las empresas mencionadas, que habían sido acusadas de conformar un “cártel” en el que sus dueños confabulaban para acaparar, con prácticas de sobornos y “moches”, licitaciones públicas e inhibir la competencia en el área de los suministros para laboratorios clínicos en el sector público, se llevaron el 90% de la millonaria licitación en donde el contrato más bajo fue por 49 millones de pesos, y el más alto por mil 999 millones de pesos, todos para el abasto de insumos para laboratorios de análisis clínicos en el Seguro Social.

La decisión, que pasó desapercibida en medio de la emergencia por coronavirus, echó por tierra la idea de que la 4T iba a “limpiar de corrupción” la industria de suministros para laboratorios y, según versiones que dan algunos laboratorios afectados, tuvo que ver con “cabildeos y padrinazgos” de algunos funcionarios públicos en la Oficialía Mayor de Hacienda y la Secretaría de Salud, a través del Consejo Nacional de Salud.
Los dados mandan Serpiente. Semana difícil para todos los mexicanos. Arriba el ánimo y la unión
nacional.
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