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Peniley Ramírez
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Con 32 años y experta en temas de seguridad, corrupción, derechos humanos y migración, Peniley Ramírez ha sido colaboradora de varios medios, tanto impresos como digitales. Además de su espacio en esta casa editorial, la periodista expresa sus opiniones a través de su cuenta de Twitter @penileyramirez, en donde suele tener interacción con sus lectores”

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14 Agosto 2020 04:05:00
Caso Lozoya, lo que la Fiscalía aún debe investigar
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El lunes 10 de agosto, el abogado Paulo Diez y el sociólogo Alfredo Figueroa presentaron una denuncia ante la Fiscalía anticorrupción de la FGR. Describe cómo Emilio Lozoya, Luis Videgaray y otros exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto formaron parte de un “esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción” en Etileno XXI, un proyecto multimillonario de Pemex en Veracruz.

Las 35 páginas de la denuncia, cuya copia obtuve para esta columna, describen cómo operó en México la red de corrupción de la empresa española OHL, cómo se dio un trato privilegiado en el suministro de etano, y cómo esta red –a través de la empresa constructora del Circuito Exterior Mexiquense– financió un lobby de los intereses de este grupo en el Congreso de Estados Unidos.

La denuncia no es nueva. “Denuncié el caso Etileno XXI en junio de 2018, pero no ha pasado nada. Ahora fuimos a otra oficina y denunciamos de nuevo, a ver si hacen caso”, me dijo Diez. El abogado ha presentado decenas de denuncias que implican a Lozoya en actos de corrupción, desde que fue consejero de OHL entre 2010 y 2012 y articuló, dice, una red para financiar las campañas de Eruviel Ávila en el Estado de México y Enrique Peña Nieto en la Presidencia.

Su investigación siguió hasta que Pemex otorgó contratos a OHL y la empresa Ienova para construir el gasoducto Los Ramones. Hasta hoy, dice, es frustrante ver lo poco que ha avanzado la Fiscalía en lo que le corresponde investigar, sin depender de lo que declare el implicado.

El 11 de agosto, el fiscal Alejandro Gertz anunció que Lozoya había confesado su participación en el caso Etileno XXI y que había denunciado a sus antiguos jefes por una trama de dinero corrupto de Odebrecht en la campaña peñista de 2012. Pero otros enterados de los casos que implican a Lozoya no se muestran tan optimistas ante los anuncios del fiscal.

Desde diciembre de 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ha presentado 5 denuncias por investigaciones que implican a Lozoya. Dos se han judicializado, de las otras tres no hay mayor información sobre qué investigó la Fiscalía, ni a dónde llegó.

Sobre Oceanografía, que implicó una actuación directa de Lozoya, no hay información de qué indagatorias han hecho los fiscales sobre cómo se aprovechó el exdirector de Pemex del concurso mercantil y la salida del mercado de la empresa que fue –hasta el gobierno peñista– la mayor contratista de Pemex. “Estoy preparando una denuncia contra Lozoya por corrupción”, me dijo Amado Yáñez, exdueño de Oceanografía.

Tampoco hay interés visible en el caso Oro Negro, que reveló en 2019 grabaciones a exejecutivos de Pemex, en las que se decía que Lozoya cobraba miles de dólares incluso por una cita en su oficina y lo acusaban de cobrar sobornos por otorgar contratos de plataformas petroleras.

Desde noviembre de 2019, el juez del caso Oro Negro en Nueva York ha recibido cuatro solicitudes de frenar los plazos de investigación del tema allá, por parte de José Gerardo Badín, el juez encargado del concurso mercantil de Oro Negro en México. Badín ha necesitado ya 10 meses para “estudiar los detalles y procedimientos”, según otros documentos que obtuve.

Algo similar ha sucedido con la compra de Pemex de una empresa chatarra a Fertinal. En 2019, la petrolera lo denunció como el principal entramado de presunta corrupción que involucra a Lozoya. Bancomext y Banco Azteca, quienes financiaron el proyecto, han gastado cientos de miles de pesos en amparos el último año para no revelar cómo se financió la compra y dónde fue a parar el dinero. Los contratos, que obtuvo el periodista Mathieu Tourliere, de Proceso, muestran que Bancomext pagó 600 mil pesos a una firma de abogados para no hacer públicos los expedientes. Azteca alegó que revelarlos provocaría “una grave violación a sus derechos sustantivos”.

Lo que sabemos del caso Lozoya es mucho menos de lo que presuntamente hizo. “Nos están dando un panqué y deberían ofrecernos un pastel de cinco pisos”, me dijo Diez. “Si no lo hacen, México habrá perdido una oportunidad de investigar un esquema de corrupción donde todos los casos están conectados y Lozoya no es ninguna víctima”.
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